La arremetida de las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales en varias zonas del país, especialmente en Arauca, Cauca y Putumayo requiere acciones contundentes por parte del Estado colombiano.

La búsqueda de la denominada “paz total” no puede implicar la renuncia del gobierno nacional a combatir lasty organizaciones que, pese a la oferta de diálogo, insisten en la violencia para mantener el control sobre los negocios ilícitos.

Ojalá el presidente Gustavo Petro, que advirtió que la paz no puede ser ingenua, separe la intención de negociar con estas organizaciones con la obligación constitucional de enfrentar la ilegalidad y proteger las vidas y los bienes de los colombianos.

El gobierno nacional no puede cometer los errores del proceso de paz con las Farc, cuando la fuerza pública fue replegada y el grupo armado ilegal aprovechó este espacio para expandir su actividad criminal a lo largo y ancho del país, que terminó inundado de cultivos de coca.

Lo que ocurre con estas agrupaciones lleva a cuestionar su verdadera intención de paz, pues no dan muestras de ello, y representa un desafío para el gobierno nacional, que no puede permitir que los diálogos se conviertan en simples escampaderos que les permitan a las disidencias y a todas bandas evadir la fuerza del Estado y fortalecerse para arremeter de nuevo.

En ese sentido, es fundamental que se cumpla lo anunciado esta semana por el presidente Petro sobre el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública en el Cauca y demás zonas afectadas por el accionar de las agrupaciones criminales. Si el Estado tiende una mano generosa para buscar una salida negociada y con beneficios jurídicos para estos grupos, debe tener también una mano firme para enfrentar a quienes rechacen el diálogo o traten de utilizarlo como un salvoconducto para seguir delinquiendo.

Foto: @COL_EJERCITO

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