El año pasado se reportaron en Colombia 9.243 denuncias por extorsión, un 11% más que en 2021, cuando los casos puestos en conocimiento de las autoridades fueron 8.342. Si bien el dato indica un aumento de este delito en el país, hay una gran incógnita sobre la verdadera magnitud, pues el subregistro es mayúsculo.

La mayoría de las víctimas de extorsión no denuncia, ya sea por temor a represalias por parte de los delincuentes o por falta de confianza en las autoridades. Se trata de un fenómeno del que pocos hablan, pero que todos saben que está allí.

La extorsión no distingue nivel de ingresos, lo que otrora fuera un delito practicado por las guerrillas y enfocado en los grandes empresarios y ganaderos, es hoy un flagelo generalizado, llevado por la delincuencia común a las plazas de mercado y a los comercios de barrio, donde hasta un puesto de arepas paga una cuota a los delincuentes.

Lo complejo de la extorsión es que, a diferencia de otros delitos, como el hurto, no se combate con mayor pie de fuerza, sino que requiere un despliegue permanente de inteligencia y el acercamiento de las autoridades a las potenciales víctimas para generar la confianza necesaria que permita la denuncia oportuna.

Las amenazas lanzadas desde la cárcel por el “Negro Ober” contra los comerciantes del Atlántico reflejan la magnitud del problema, y ciudades como Tuluá, en el Valle del Cauca, donde son evidentes los hechos de violencia ligados a la extorsión, muestran la necesidad urgente de que las autoridades redoblen esfuerzos de manera estratégica contra esta modalidad delictiva.

El Gaula, que tiene probada experiencia en la materia, debe ser potencializado, y se debe realizar un trabajo conjunto con las autoridades carcelarias para evitar que desde los penales se sigan coordinando las redes extorsivas. Hay que actuar ya.

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