Los hechos ocurridos este fin de semana en diversos puntos de la región obligan a que hagamos una reflexión sobre los alcances del paro y los hechos colaterales a las marchas.

No podemos seguir en la discusión de si las marchas son justificadas o pacíficas. Tampoco podemos seguir negando el daño de los hechos violentos que las acompañan, mucho menos dilatando la solución ni evadiendo la responsabilidad.

Desde que empezó el paro, hemos visto la destrucción progresiva de Cali, Popayán, Jamundí, Yumbo, Tuluá, Buenaventura y hemos sido testigos de la parálisis absoluta de todo el departamento. No cabe la menor duda que detrás hay grupos criminales capaces de coordinar ataques sistemáticos.

Ataques que por su naturaleza son difíciles de prevenir, de evitar y que las actividades programadas en el paro facilitan su ejecución.

Hasta el momento nos hemos desgastado en teorías sobre la autoría de los mismos, encontrando argumentos sobre los cuales pueden adjudicárseles a grupos de extrema izquierda o de derecha, según la inclinación de quien los analice.

Narcotráfico, bandas criminales, disidencias de las Farc, paramilitares o todos juntos, lo cierto es que el país se está destruyendo.

Si realmente los promotores del paro quieren transformar a Colombia, deben suspender sus actividades para poder identificar a quienes se esconden tras sus filas para atentar contra la institucionalidad del país y para destruir su infraestructura pública y privada.

Igualmente, el gobierno debe actuar y entablar un diálogo serio y oportuno que brinde respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Ambas partes deben actuar con responsabilidad y diligencia pensando en los intereses generales de Colombia y no en sus cálculos electorales.

Colombia se está convirtiendo en un país inviable. ¿Vamos a permitirlo?

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