Incorporar guerrilleros a la Policía es algo que ni siquiera debe contemplarse.

La posibilidad de que desmovilizados de la guerrilla hagan parte de la Fuerza Pública es algo que debe descartarse de manera tajante.

Es impensable que los excombatientes guerrilleros entren a las filas de la Policía o del Ejército, ¿cuál sería su relación con el narcotráfico y con la minería ilegal? ¿Qué actitud asumirían frente a los compañeros que no se desmovilicen y que conformen bandas criminales?

Si bien el presidente Juan Manuel Santos aclaró que no se ha negociado nada al respecto en el proceso de paz con las Farc, preocupa que reitere que no lo ha descartado, pues de llegar a ser realidad, sea cual sea la figura que se utilice, sería entregarle autoridad a personas que han vivido del delito por años.

Resulta ingenuo pensar que el hecho de firmar el acuerdo de paz con las Farc cambiaría automáticamente la escala de valores que han tenido quienes integran sus filas.

Es importante fortalecer la Policía en las zonas rurales, sin duda, pero nada sería tan contrario a este propósito como incorporar exguerrilleros a esta institución. En momentos en los que el país hace grandes esfuerzos por depurar la Fuerza Pública y evitar las malas prácticas en sus filas, abrirle espacio a personas que no tienen claro el límite entre lo legal y lo ilegal sería fomentar la corrupción y los abusos.

¿Qué pensaría un campesino que haya sido víctima de extorsión, secuestro o destierro si de repente el Estado invistiera de autoridad legal a su verdugo?

Ojalá que se trate solo de otra salida en falso del presidente Santos y que no haya ninguna intención de vincular guerrilleros a la Fuerza Pública. El Jefe de Estado debe medir lo que dice, pues este tipo de propuestas descabelladas alimentan el escepticismo entorno a las negociaciones con la guerrilla.

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