Comienza a regir la “Ley de garantías”, la norma que restringe la contratación pública en tiempos de campaña, con el propósito de evitar que los recursos públicos sean utilizados para el favorecimiento político. Aunque suena bastante bien, lejos está este precepto de alcanzar su objetivo.

“Hecha le ley, hecha la trampa”, dice una frase popular que parece inspirada en nuestro país y que aplica muy bien al tema en cuestión; la famosa “Ley de garantías” no impide que alcaldías, gobernaciones y entidades del gobierno nacional sean instrumentalizadas en favor de campañas políticas; la prueba de ello se verá claramente en la noche del 13 de marzo, cuando se conozcan los resultados de las elecciones legislativas, y se vea cómo los candidatos de las organizaciones políticas de alcaldes, gobernadores y titulares de entidades nacionales saldrán elegidos con grandes votaciones.

Para nadie es un secreto que la administración pública en Colombia funciona mayoritariamente por y para las maquinarias políticas y, en ese sentido, la “Ley de garantías” es un simple paño de agua que no resuelve nada, y no lo resuelve porque el problema es de fondo y no de forma, el problema tiene que ver con la falta de ética y de principios en el ejercicio político.

Que la “Ley de garantías” entre en vigencia mes y medio antes de las elecciones no impide el pago de coimas que los grandes contratistas de alcaldías, gobernaciones y demás entidades públicas hacen a los candidatos y que son hábilmente presentados como donaciones que se hacen a través de terceros o que ni siquiera se registran, porque ingresan en efectivo y no se declaran en las cuentas de las campañas, porque se utilizan para comprar votos.

Por todo lo anterior, en materia de transparencia electoral y de lucha contra la corrupción, la “Ley de garantías” no garantiza nada.

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