El feminicidio sigue en aumento en Colombia.

Las cifras de Medicina Legal reflejan una preocupante realidad: la violencia de género persiste y la impunidad la fortalece.

La reciente negativa de libertad a Andrés Gustavo Ricci, acusado del feminicidio de Luz Mery Tristán, es un paso hacia la justicia, pero no es suficiente.

Casos como este evidencian la urgencia de respuestas rápidas y eficaces por parte de las autoridades.

El proceso judicial de Ricci ha estado marcado por las dilaciones.

La defensa intentó argumentar vencimiento de términos, a pesar de que a parecer los aplazamientos fueron provocados.

La hija de la víctima denunció retrasos constantes, cancelaciones de audiencias y tácticas dilatorias.

Este patrón se repite en muchos casos, obstaculizando el acceso a la justicia y prolongando el sufrimiento de las víctimas y sus familias.

En 2024, la Comisión Legal de Mujer del Concejo de Cali reportó 1.804 casos de violencia de género en la ciudad, 300 más que el año anterior.

Además, hubo nueve feminicidios documentados.

Estas cifras reflejan un problema estructural que no puede ser ignorado.

La falta de medidas de protección efectivas y la demora en los procesos judiciales agravan la crisis.

Es fundamental fortalecer las políticas públicas de prevención y respuesta.

Programas como la Casa Matría y las comisarías de familia deben ser supervisados y optimizados.

La Fiscalía debe priorizar estos casos y agilizar las investigaciones para evitar que los agresores queden en libertad por fallos procesales.

Colombia debe garantizar que los feminicidios no queden impunes.

La justicia debe ser rápida y efectiva para proteger a las mujeres y prevenir nuevas tragedias.

La lucha contra la violencia de género es una responsabilidad de todos.

La transformación social comienza con la educación y el compromiso de erradicar la normalización de la violencia.

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