La crisis de seguridad que vive el país, y de manera especial el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano es, lamentablemente, una evidencia diaria del deterioro del orden público.

Ataques armados, atentados terroristas, control territorial de grupos ilegales y asesinatos de uniformados confirman lo que no admite negaciones.

Frente a este panorama, los cuestionamientos al presidente Gustavo Petro no solo son válidos, son inevitables, así el presidente los califique como mentiras.

Durante su gobierno, la política de seguridad se subordinó a una mal llamada paz total que concedió ventajas estratégicas a organizaciones criminales.

Guerrillas, disidencias, bandas, clanes e incluso pandillas urbanas aprovecharon ceses al fuego y gestos políticos que, en la práctica, ataron de manera tácita las manos de la Fuerza Pública.

Mientras el Estado se replegó, estos grupos expandieron su poder, sus economías ilegales y su capacidad de intimidación.

En ese contexto, resulta inaceptable la forma en que el presidente respondió a los justos reclamos de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La mandataria regional no lanzó acusaciones ligeras, sino que señaló vacíos concretos que el gobierno nacional dejó en materia de seguridad y que el departamento tuvo que asumir, desde la guerra antidrones hasta el fortalecimiento de capacidades que la Nación no proveyó.

Descalificar esos reclamos como mentiras no resuelve el problema de fondo.

La gobernadora enumeró hechos que siguen sin respuesta. Una estrategia regional de seguridad que no se implementó. Capacidades aéreas reducidas por falta de combustible y mantenimiento.

Soldados y policías expuestos a nuevas formas de ataque sin la protección adecuada. Todo esto en el marco de la mal llamada “paz total”.

Resulta preocupante que, ante una crisis de esta magnitud, el presidente prefiera librar discusiones por redes sociales.

La seguridad no se gobierna desde un trino, se maneja con presencia en el territorio, decisiones operativas, respaldo real a la Fuerza Pública y coordinación efectiva con las regiones.

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