Entregarle poderes extraordinarios al Presidente sería darle un cheque en blanco.

Llama poderosamente la atención que el Gobierno Nacional, después de tomarse más de tres años para negociar con las Farc, quiera ahora que lo que se acuerde con la guerrilla en La Habana sea aprobado a la carrera y, lo que es peor, que se le confieran al presidente Juan Manuel Santos facultades extraordinarias por noventa días que le permitan expedir decretos con fuerza de ley para implementar de manera inmediata algunos de los puntos que se pacten con el grupo armado ilegal.

Ya el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó el proyecto de acto legislativo mediante el cual se busca que el Congreso de la República le confiera los poderes especiales al Presidente y que, además, se conforme una comisión especial que apruebe lo que se acuerde con la guerrilla.

Son varias las dudas que deja el Gobierno con esta iniciativa: ¿por qué el Presidente quiere legislar, si para eso está el Congreso? ¿Acaso se buscan leyes confeccionadas a la medida de las Farc? ¿Por qué el papel del Congreso se quiere reducir a una comisión? ¿Acaso se quiere evitar el debate y la participación de todas las fuerzas políticas?

Aunque el Presidente diga lo contrario, otorgarle facultades sería igual a firmarle un cheque en blanco, un verdadero peligro teniendo en cuenta que a lo largo del proceso de paz el Gobierno se ha mostrado más afín a la guerrilla que a la opinión de la mayoría de los colombianos.

Sorprende, además, que el Congreso no defienda su rol y que las mayorías legislativas se muestren dispuestas a aprobar un proyecto en el que le entregarán sus funciones al Presidente y a una comisión; si el Congreso va a renunciar a debatir los temas trascendentales de este país, entonces, ¿cuál es su razón de ser?

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