No se le puede entregar un cheque en blanco al Gobierno para que le conceda a la guerrilla todo lo que pida.

Desde que se anunció el inicio del proceso de paz con las Farc, hace ya dos años y medio, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, asumió el compromiso de someter los acuerdos a la voluntad popular, para que los colombianos los refrenden o invaliden. Este planteamiento es sensato, pues de lo que pacten Gobierno y guerrilla en Cuba se desprenderán cambios estructurales que requieren el aval del constituyente primario.

Sin embargo, preocupa que de un tiempo para acá, ante la pérdida de credibilidad del proceso de paz y la mala imagen de las partes, se escuchen voces que planteen fórmulas para sustituir la refrendación popular y así no correr el riesgo de que los colombianos rechacen lo que se acuerde en Cuba.

En ese contexto surgió la idea de entregarle al presidente Juan Manuel Santos facultades totales y absolutas para firmar los acuerdos con las Farc, propuesta que además de inoportuna es inconveniente, pues de concretarse cambiaría totalmente las reglas del juego y dejaría a los colombianos por fuera de una decisión trascendental.

Con facultades totales, el presidente Santos, que se ha mostrado tan proclive a las pretensiones de la guerrilla, podría caer en la tentación de concederle al grupo ilegal cuanto pida con tal de firmar un acuerdo.

Si a través de un referendo los colombianos le entregan estas facultades al Presidente, después tendrán que aceptar, sin derecho a ningún reclamo, todo lo que el Gobierno le conceda a los cabecillas guerrilleros en materia de beneficios económicos, políticos y judiciales.

Para evitar un acuerdo que no le convenga al país, el Congreso y la ciudadanía deben actuar como filtros de lo que pacten el Gobierno y la guerrilla, desconocerlos, lejos de cotribuir a la reconciliación nacional,  estimularía la polarización.

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