Sin duda, Colombia necesita una reforma pensional, un debate serio, responsable y profundo en busca de una fórmula que permita ampliar la cobertura pensional, pues en nuestro país cerca del 75% de las personas no accede a este beneficio, tan necesario para una vejez digna.

Sin embargo, una cosa es apostarle a mejorar la cobertura pensional y otra, muy diferente, es acabar con la parte del sistema que funciona, y eso es lo que puede ocurrir si se materializa la propuesta de Gustavo Petro que pretende darle manejo de recursos públicos al ahorros pensional de los colombianos que están cotizando en fondos privados, lo que expone a millones de personas a perder los recursos que están guardando para su vejez.

En resumen, el candidato propone tomar los ahorros que están en los fondos privados, que pertenecen a casi 18 millones de colombianos y que hoy suman cerca de $358 billones, para pagar las pensiones de que administra Colpensiones y así liberar recursos del Estado para el gasto corriente, concretamente subsidios para adultos mayores en condición de pobreza.

Con antelación a Petro, otros candidatos presidenciales propusieron entregar este subsidio, pero a través de otras vías de financiación, ninguno plantea utilizar los recursos guardados en los fondos privados, porque sencillamente no se puede, sería inconstitucional hacerlo, pues se trata de ahorros individuales, que les pertenecen a quienes los han aportado, no al Estado. Para llamarlo por su nombre, esto equivaldría a un robo a millones de colombianos trabajadores.

Cualquier cambio al sistema de pensiones debe pasar por el Congreso de la República y, bajo ninguna razón, puede tocar los aportes de los trabajadores. Lo contrario sería una expropiación.

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