Enfrentar la explotación sexual de menores de edad va mucho más allá de la reacción ante un escándalo coyuntural. Si bien es cierto que la atención se centra en el caso del ciudadano estadounidense sorprendido con dos niñas en un hotel de Medellín, esta problemática va más allá de un incidente aislado.

Por lo tanto, hay que reconocer que la explotación sexual de menores es un fenómeno arraigado en toda Colombia, alimentado no solo por el turismo sexual extranjero, sino principalmente por una clientela local de la que no se habla.

Resulta insuficiente encasillar este problema como un asunto meramente policial. El tema es tan complejo que exige una mirada más profunda que incluya aspectos socioeconómicos y culturales.

Si bien es urgente sancionar con firmeza a los responsables de esta despreciable actividad, eso no tiene discusión, también es necesario abordar las causas subyacentes que llevan a menores de edad a caer en este ciclo de explotación.

Si bien muchos menores de edad son obligados, es evidente que hay un cambio en los valores sociales que contribuye a otros adolescentes vean en la prostitución una opción tentadora. Este deslizamiento hacia la comercialización del cuerpo se manifiesta inicialmente en la venta de contenido erótico en redes sociales, una puerta de entrada peligrosa hacia la explotación sexual.

La responsabilidad de abordar este problema recae no solo en las autoridades, sino también en la sociedad en su conjunto. Es esencial un enfoque preventivo que comience en los colegios, promoviendo valores que contrarresten la cosificación del cuerpo y fomenten el respeto y la dignidad de todos los individuos, especialmente de los más vulnerables.

Hay que pasar de la indignación momentánea a la acción sostenida contra un flagelo que amenaza a niñas y niños colombianos.

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