Que las disidencias de las Farc refunden un frente y, además, lo anuncien como si fuera una buena nueva, en clara actitud desafiante, confirma que Colombia está retrocediendo en materia de seguridad y orden público.

Se trata del frente 53, que operó en el Sumapaz, de donde fue expulsado hace más de 20 años gracias a la presencia de la fuerza pública, y que ahora es nuevamente una amenaza para los departamentos de Cundinamarca y Meta.

¿Qué lleva a que los herederos de las Farc se sientan con la confianza de desafiar al Estado de esta manera? Sin duda, es un reflejo de la mal llamada “paz total” y de la política de “seguridad humana”, promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que coartan la operatividad de la Policía y las fuerzas militares frente a los grupos al margen de la ley.

Lo que está ocurriendo es demasiado grave, el frente 53 de las Farc es responsable, entre muchos otros crímenes, de cerca de cinco mil secuestros, por lo que permitir su regreso es exponer a la población civil a un riesgo mayúsculo.

El Estado debe actuar, el presidente de la República debe desplegar un operativo militar encaminado a impedir que las disidencias se apoderen del Sumapaz, y lo mismo se debe hacer en cada una de las regiones del país en las que ésta y otras organizaciones criminales tienen o pretenden tener control territorial.

La búsqueda de la “paz total” no puede ser interpretada como la renuncia del gobierno nacional a defender la vida y bienes de la población civil, hacerlo, por el contrario, es conducir al país hacia una “guerra total” en la que los grupos ilegales impondrán sus intereses ilícitos sobre el bien común.

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