Álvaro Leyva, una figura con una larga trayectoria en la política colombiana, dejó un legado cuestionable durante su tiempo como Canciller de la República.

Su reciente suspensión por parte de la Procuraduría, que le sigue un proceso disciplinario relacionado con la licitación de pasaportes, y su actitud al desconocer la decisión del órgano de control, dejan mucho que desear sobre la posición del exministro y del propio gobierno del presidente Gustavo Petro frente a los otros poderes del Estado.

La resistencia de Leyva a acatar la suspensión impuesta por la Procuraduría demuestra un menosprecio por los órganos de control, una actitud que socava la confianza en las instituciones y que lleva a preguntarse si el actual gobierno respeta el sistema democrático únicamente cuando le conviene.

Es preocupante que el ahora excanciller optara por desafiar la autoridad y continuar en funciones, nombrando incluso a funcionarios clave estando suspendido.

Precisamente, uno de los actos más desconcertantes durante el periodo en el que actuó como Canciller, pese a estar legalmente suspendido, fue el nombramiento de Armando Bendetti como embajador en la FAO, pues sólo unos meses atrás lo consideró no apto para ser embajador de Colombia en Venezuela debido a sus problemas con las drogas.

Este nombramiento generó varios interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de la reapertura de una embajada cerrada por más de dos décadas para nombrar precisamente a Bendetti, que el año pasado afirmó tener información sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.

Además, la falta de acción de Leyva ante los atropellos contra la oposición venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro, plantean serias inquietudes sobre la dirección de la diplomacia colombiana bajo su liderazgo.

¿En manos de quién estaba realmente la política exterior del país?

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