Los infortunados e inaceptables hechos que se registraron la semana pasada en el departamento del Cauca, donde miembros de la guardia indígena descono-cieron la autoridad de la Fuerza Pública y recurrieron a la violencia para obligar el retiro del Ejército en varios municipios debe llevar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a revisar el tema de los territorios autóctonos y los privilegios que en materia judicial y electoral tienen, pues además de dar pie para que los miembros de estas comunidades desconozcan la soberanía del Estado, constituye, pese a ser una disposición de la misma Constitución, una consideración desigual frente a los colombianos que no pertenecen a estos grupos étnicos.

Si bien es cierto que las comunidades indígenas y afrodescendientes padecieron todo tipo de abusos, hoy las condiciones sociopolíticas de Colombia son otras, y si bien el país no es el paraíso terrenal, hay mecanismos que garantizan el respeto a las tradiciones ancestrales, y contrarrestan la discriminación y los abusos que llevaron a los constituyentes a incluir en la Carta Magna estas normas de protección especial que hoy no solo no son necesarias sino contraproducentes, pues, como lo han demostrado los indígenas del Cauca, llevaron a estas comunidades a creerse repúblicas independientes.

No se trata de desconocer los derechos de las etnias, pero sí de unificar la legislación colombiana en materia judicial, electoral y territorial, no más circunscripciones especiales, los colombianos deben ser todos iguales ante la ley, sin distingos de raza, género, religión, condición social o política, y para eso es necesario eliminar las circunscripciones especiales. No puede ser que para delitos como el homicidio y el robo se aplique el Código Penal y se castigue con prisión, como debe ser, y en ciertas comunidades baste con un fuetazo o con trabajo forzado para responder ante este tipo de acciones, eso no es coherente y causa divisiones al interior del Estado.

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