La liquidación de la EPS Coomeva y la intervención de Emssanar son dos pésimas noticias para los usuarios del sistema de salud colombiano, y muy especialmente para los del Valle del Cauca, donde ambas entidades tenían una amplia cobertura.

Es mucho lo que hay que decir sobre las EPS, pues su quiebra frecuente está relacionada con un esquema perverso donde el Estado es en gran parte responsable, pues se ordenan servicios de alto costo que no se cancelan y se genera una espiral de no pago que afecta las finanzas y, por lo tanto, el funcionamiento de todo el sistema. Colombia debe hacer una reforma profunda a su sistema de salud en la que se establezca cuál es la mejor atención posible que se puede brindar con los recursos que se tienen, procurando optimizarlos y hacer un manejo pulcro de ellos.

Pero más allá de las causas sin resolución de la crisis de la salud, de las que tanto se ha hablado, es necesario llamar la atención sobre la situación a la que son sometidos los usuarios de las EPS liquidadas, pues aunque automáticamente son asignados a otras prestadoras de salud, quedan en una especie de limbo que afecta especialmente a quienes están en tratamientos especializados y a quienes están a la espera de cirugías.

La Superintendencia y el Ministerio de Salud deben revisar esto, pues al llegar a su nueva EPS, donde no tienen su historia clínica, los pacientes con necesidades urgentes tienen que empezar de cero, aunque padezcan patologías graves. En los últimos días, por ejemplo, se han conocido los casos de personas que llevaban varios meses de trámites para la autorización de procedimientos y, ahora, con el cambio de entidad, deben iniciar de nuevo el trámite. ¿Peor el remedio que la enfermedad?

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