Sobre el papel, la iniciativa del gobierno nacional de comprar tres millones de hectáreas de tierra para entregar a campesinos pobres suena bien intencionada, pero lo expuesto hasta el momento sobre el tema deja más inquietudes que certezas.

La primera pregunta es cómo se definirá a quiénes se les entregarán los terrenos que adquirirá la nación, pues preocupa que se conviertan en premios para los invasores de predios.

Hay que establecer reglas claras desde ya y entre ellas debe haber cláusulas que excluyan de este beneficio a quienes hayan ocupado tierras de manera ilegal. No hacerlo, estimularía aún más el flagelo invasor.

Igual o más importante es definir un plan para evitar que estas tierras se conviertan en parcelas con cultivos de pancoger y no generen desarrollo económico.

Es necesario que haya un plan de financiación, de capacitación, tecnificación, acompañamiento y comercialización que garantice que esas tierras serán productivas, para que generen recursos a quienes las recibirán y aporten a la seguridad alimentaria del país.

En ese sentido, los beneficiarios de la entrega de predios, deben también asumir compromisos en cuanto a la productividad de su tierra, pues de nada servirá el esfuerzo del Estado si estos terrenos, que según anunció el presidente Gustavo Petro son de alta fertilidad, cumplen sólo una función de vivienda.

Desde campaña, el actual gobierno hizo énfasis en la autosuficiencia alimentaria de Colombia y será imposible lograrlo si este acuerdo de tierras no está estratégicamente ligado a una política de reactivación del campo.

En el caso del departamento del Cauca, donde se anunció la compra de 16 fincas para entregarles a indígenas, el proceso debe estar condicionado al fin de las invasiones, pues, de lo contrario, se convertirá en la validación de un mecanismo de presión de ciertas comunidades para acumular cada vez más y más hectáreas.

Foto: Pixabay

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