Sería un error subestimar las denuncias sobre delincuentes vinculados con el narcotráfico, algunos con pedido de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, que habrían pagado millonarias sumas para ser incluidos dentro de la denominada “paz total”.

Se trata de un asunto grave que enciende las alarmas sobre lo que podría ser el más grande lavado de dineros del narcotráfico y, por ello, la institucionalidad y la opinión pública deben estar alertas para evitar que nuevamente el deseo de paz de los colombianos termine convertido en un montaje para limpiar las hojas de vida de criminales que le han hecho mucho daño al país, sin que eso se refleje en una paz verdadera.

El historial de violencia de Colombia durante los últimos 70 años ha llevado a que la paz sea un gran anhelo nacional, pero hasta ahora ninguno de los presidentes que la han prometido como bandera de campaña han cumplido con esta promesa.

El antecedente reciente de lo ocurrido con las Farc durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos es prueba de ello.

El acuerdo con este grupo ilegal no le puso fin al derramamiento de sangre, los cabecillas de la organización gozan hoy de grandes privilegios derivados de su posición como congresistas, pero no garantizaron la desmovilización real de sus tropas y las mal llamadas disidencias continuaron con el legado de muerte y negocios ilícitos que aprendieron de sus comandantes.

En ese sentido, hay que exigirle al presidente Gustavo Petro que adopte las medidas para evitar que la “paz total” se convierta en un lavadero de dinero y de imagen para criminales que tienen que responder ante la justicia colombiana y también ante la justicia de otros países.

El mensaje equivaldría a una licencia para traficar, para matar y para cometer todo tipo de crímenes con el aval del gobierno, algo que, sin duda, estimularía a muchos otros a seguir el camino de la ilegalidad y la violencia.

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