La minería artesanal y la minería ilegal no son lo mismo, la primera la ejercen comunidades rurales a menor escala, para su sustento, mientras que la segunda es una industria ilícita manejada por el crimen organizado, que tiene gran impacto ambiental.

Esta aclaración es necesaria para abordar el tema del paro minero que paralizó al menos 15 municipios entre Antioquia y Córdoba. Si bien la protesta es liderada por mineros artesanales que se oponen a la labor de las autoridades ambientales, la magnitud de la protesta, así como el tamaño de las minas que han sido destruidas y la maquinaria encontrada en ellas, indican que tras los bloqueos hay algo más.

Es cada vez más común que en manifestaciones que defienden actividades ilícitas, las comunidades sean manipuladas o, mejor, obligadas por organizaciones criminales que las utilizan como fachada para presionar a las autoridades y lograr decisiones a favor de sus negocios.

En ese sentido, las autoridades deben cuidarse de tomar decisiones en relación con la minería artesanal que sean aprovechadas por la minería ilegal, que es peligrosa no sólo por el gran daño ambiental que ocasiona, sino también porque es uno de los brazos financieros de los grupos armados al margen de la ley.

El reto de las autoridades es atacar la ilegalidad separando lo artesanal, y para ello es fundamental que se permita que la fuerza pública intervenga para erradicar de estas zonas a las organizaciones criminales.

Lamentablemente, la política del actual gobierno nacional en materia de seguridad, que no permite la intervención del Ejército ni de la Policía, está generando que la ilegalidad se consolide en vastos territorios donde las comunidades, por necesidad o simple supervivencia, no tiene más salida que aceptar las reglas que les imponen los grupos al margen de la ley.

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