Los suscriptores deben ver reflejado en su bolsillo el ahorro en el consumo de electricidad.

Ahora que la cruzada nacional por el ahorro de energía ha demostrado que es posible lograr un consumo racional, vale la pena reflexionar sobre la importancia de contar de manera permanente, con amenaza de apagón o sin ella, con una campaña que promueva el uso consciente y moderado de la electricidad.

En este caso no hay mejor estímulo para los ciudadanos que los beneficios económicos, si el ahorro de energía se traduce en la reducción de los valores de los recibos de los servicios públicos, habrá una motivación real, con efectos directos en los bolsillos, para hacer un consumo controlado de energía.

Aunque este debería ser un efecto lógico, no lo es; muchos suscriptores de agua y luz que de manera voluntaria y desde antes de esta sequía decidieron bajar su consumo y tomaron medidas para ello se estrellaron con la injustificable política de las empresas de servicios públicos, que se basan en promedios para facturar y aunque la gente baje el consumo le cobran lo mismo.

También es ilógica e injusta la fórmula establecida por el Gobierno Nacional para estimular el ahorro, pues condiciona los beneficios (descuentos en el valor del kilovatio) a que toda una ciudad cumpla la meta. Si un suscriptor que de manera responsable modera su consumo de electricidad es castigado porque otros no lo hicieron, ¿qué lo motivará a seguir ahorrando? Los estímulos deben ser individuales y permanentes.

No se puede olvidar que los suscriptores pagaron más de $18.5 billones (por concepto del cargo por confiabilidad) para que el sistema energético tuviera recursos para producir energía térmica en caso de que se presentara alguna contingencia con las hidroeléctricas y esos recursos se evaporaron, y ahora que hay riesgo de apagón la responsabilidad se le trasladó casi toda a los usuarios; por eso, si se quiere que haya ahorro, hay que motivarlos.

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