El Gobierno de Colombia está muy lejos de encontrar un equilibrio entre la minería y el medio ambiente.

Hace pocos días, en una visita al Chocó, el presidente Juan Manuel Santos se declaró “impresionado” al ver la destrucción ocasionada por la minería ilegal en este departamento. ¿Acaso el Jefe de Estado no sabía que el Pacífico colombiano está a merced de los saqueadores de recursos naturales?

Acto seguido, el Mandatario anunció la creación de una brigada para perseguir a los extractores de minerales.

Este episodio es fiel reflejo de la forma errática en la que se maneja el tema de la minería en nuestro país: la ilegal está desbordada y la legal va dando tumbos, de improvisación en improvisación.

Mientras el problema crece, da la impresión de que ni siquiera la Autoridad nacional de licencias ambientales, Anla, tiene claro dónde se puede autorizar la extracción de minerales, pues concede permisos que fácilmente son revocados por la presión de la opinión pública; lo que deja la percepción de que los soportes de las licencias no son muy firmes.

Hace poco el país vivió un intenso debate por la concesión de una licencia para explotación petrolera en la Macarena, que fue suspendida ante la oposición ciudadana, y ahora la polémica minera gira en torno a una solicitud para extraer oro en el Valle del Cocora, donde crece la palma de cera.

Estos casos indican  que en Colombia hacen falta reglas del juego claras en materia de minería que permitan combatir con efectividad la minería ilegal y desarrollar una minería legal con criterio ambiental, que no ponga en riesgo los recursos naturales.

Colombia debe aprovechar su riqueza mineral, pero no puede ser a costa de su riqueza ambiental, el reto del Gobierno, entonces, está en lograr el equilibrio entre lo uno y lo otro.

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