Se equivocan quienes minimizan la irrupción de los encapuchados que el pasado fin de semana ingresaron a la catedral primada, en Bogotá, e interrumpieron una eucaristía para lanzar arengas; este hecho encierra un mensaje altamente violento y, por lo tanto, muy peligroso, que muestra cómo hay sectores dispuestos a transgredir todos los límites de la convivencia pacífica.

Suponiendo que se trató de una manifestación espontánea, este hecho refleja el grave daño que están ocasionando quienes incitan a los colombianos al odio y a la división, pues es tal la carga viral de sus declaraciones que producen este tipo de acciones irracionales.

Durante el paro nacional del año pasado, grupos de encapuchados ocasionaron bloqueos, destruyeron buses e infraestructura de sistemas de transporte masivo, vandalizaron entidades públicas y propiedades privadas, hechos que en el caso de Cali fueron más prolongados y graves, al punto que hoy la ciudad no ha terminado de reparar los daños.

Por eso ahora, en medio de la tensión de la campaña presidencial, la incursión de encapuchados en la catedral de Bogotá revive el temor ciudadano ante este tipo de manifestaciones, que fácilmente pueden derivar en hechos que lamentar.

Las creencias religiosas hacen parte de las convicciones más íntimas de una persona y, por lo tanto, merecen respeto absoluto. En ese sentido, los templos son y deben seguir siendo espacios dedicados única y exclusivamente a los fines que cada religión determine, y quien sobrepase ese límite, viola la libertad de cultos.

Más allá de las sanciones legales a las que haya lugar, los ciudadanos, creyentes o no, y de la religión que sea, deben rechazar este tipo de acciones. La sanción social es clave para evitar que las vías de hecho se validen como protesta.

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