Hay muchas alertas de recrudecimiento de la violencia en varias zonas del país. Uno de los hechos más dicientes y preocupantes es el desplazamiento masivo registrado en la última semana en Argelia, Cauca, donde la Defensoría del Pueblo confirmó que 823 habitantes de la zona rural dejaron sus viviendas y huyeron hacia la cabecera municipal, ante las fuertes confrontaciones entre disidencias de las Farc.

La causa de la guerra entre estos grupos ilegales es la misma de todas las confrontaciones que se presentan entre disidentes de las Farc y otras bandas criminales en el resto del país: el control de los negocios ilícitos.

Lo más grave es que en cada combate la población civil queda en medio de las balas, razón por la que muchas familias prefieren dejarlo todo.

Si bien regiones como el Cauca, el Catatumbo, el Pacífico nariñense, Arauca y la misma Buenaventura no eran propiamente remansos de paz, es evidente que la violencia arrecia desde que se hizo el anuncio de la propuesta de paz total del gobierno nacional. La estrategia de los criminales es clara: buscan demostrar poder, control territorial y capacidad de destrucción para lograr las mejores condiciones de negociación.

Más preocupante aún es que, mientras los violentos arremeten, la fuerza pública, en claro reflejo de la nueva política de “seguridad humana”, perdió la iniciativa, lo que favorece el accionar de los grupos criminales y deja aún más expuesta a la comunidad.

Si las autoridades no intervienen, las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y las demás agrupaciones ilegales aumentarán sus dominios a tal punto que no negociarán con el Estado o el gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que realizar demasiadas concesiones para que lo hagan.

Es un error que ante los choques entre bandas, el gobierno se limite a pedirles que dialoguen entre ellas y no cumpla con su deber de intervenir para restablecer el orden y proteger a los civiles.

Foto: Ejército Nacional

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