La preocupación ciudadana por la inseguridad crece a medida que se expande el accionar de los criminales. Tanto en las zonas rurales, donde los grupos armados ilegales se disputan el control de la minería ilegal y el narcotráfico, así como en los centros urbanos, donde el acoso de los atracadores y las peleas entre las bandas del microtráfico generan zozobra, la gente vive con miedo.

Ese temor es alimentado ahora por una sensación de desprotección a raíz del viro dado por el presidente Gustavo Petro al manejo de la seguridad, con una narrativa que justifica el accionar de los violentos y una política que les otorga beneficios y limita el accionar de la fuerza pública contra el crimen.

La Policía y las Fuerzas Militares ya no están a la ofensiva, en ocasiones ni siquiera parecen a la defensiva, pues desde que inició el gobierno, hace ya casi once meses, el país ha visto escenas como la del secuestro de 78 policías y el asesinato de uno de ellos en San José del Guaviare por parte de una “guardia campesina”. En este caso, además de referirse al hecho como un “cerco humanitario” y tratar de justificarlo, el gobierno, por orden presidencial, impidió un operativo para liberar a los uniformados.

Los desplazamientos y los confinamientos están a la orden del día en diferentes partes del país, incluidos centros urbanos como Buenaventura. Quienes no pueden huir, porque quedan atrapados entre el fuego cruzado de bandas, disidencias y guerrilla, no tienen más remedio que encerrarse en sus viviendas por días e incluso semanas; ocurre en Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, en el Catatumbo y hasta en Cundinamarca, cerca a Bogotá.

La inacción del gobierno valida de forma soterrada a la delincuencia común y organizada y permite que poco a poco vayan asumiendo un control territorial que debe tener la fuerza pública, ¿Por qué? Ojalá no sea cierta la teoría de quienes sostienen que hay una estrategia en marcha para convertir a estas organizaciones en milicias al servicio del gobierno.

Comments