Si se permite que se consolide un gobierno de facto en Venezuela, no habrá regreso.

El respeto por la soberanía no puede llevar a la comunidad internacional a ser indiferente ante lo que está pasando en Venezuela. La condena de trece años y nueve meses de prisión impuesta a Leopoldo López en lo que tiene todas las características de un juicio político es un signo indiscutible de la configuración de un régimen que cada vez tiene menos de democrático.

Los visos de dictadura que se percibían desde el gobierno de Hugo Chávez son cada vez más claros desde que Nicolás Maduro asumió el poder. Encarcelar y condenar al líder político que podría aglutinar el inconformismo de los venezolanos y derrotar al gobierno en las urnas es una señal contundente de que el chavismo, que tiene un poder casi absoluto (no solo el ejecutivo, sino también el judicial y el legislativo), está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerlo, aunque eso implique violar derechos fundamentales.

Otra prueba de ello es la crisis humanitaria que se vive en la frontera con nuestro país, que no es más que un mecanismo de distracción, una cortina de humo de Maduro, que pretende propiciar un conflicto con Colombia que le permita despertar el nacionalismo perdido de sus compatriotas.

Lo que está ocurriendo lleva a suponer que si para lograr el apoyo de los venezolanos y afianzar su poder, el Presidente chavista tiene que llevar a dos pueblos hermanos a la guerra, lo hará, porque su gobierno está en un nivel de desgaste, descrédito e impopularidad que solo podrá sostenerse por la fuerza.

Por lo anterior, la comunidad internacional no puede quedarse callada y ser cómplice silenciosa de la configuración de una dictadura en pleno Siglo XXI. Lo que está haciendo Maduro debe ser condenado, rechazado y sancionado, o, de lo contrario, el régimen se consolidará y el daño será irreversible.

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