Se equivocan quienes cuestionan el operativo de retoma del cerro Berlín en Toribío, Cauca, pues luego de que la guardia indígena sacara de allí a golpes y empujones a los miembros del Ejército que custodiaban el lugar, el Estado colombiano estaba en la obligación de retomar el control, y ante la actitud agresiva y de desconocimiento de la autoridad por parte de miembros de la comunidad autóctona, no había forma diferente de hacerlo que a través de la aplicación legítima de la Fuerza Pública.

Gran daño le hacen al país quienes tratan de inducir al Gobierno Nacional a dialogar con los indígenas que piden el retiro de la Fuerza Pública, pues se trata de un asunto en el que no hay nada que concertar, la presencia del Ejército y la Policía en cualquier punto de la geografía colombiana es innegociable.

A la luz de la ley colombiana, y no de sus normas particulares, los indígenas que sacaron a los militares del cerro Berlín incurrieron en acciones ilegales; en ningún momento se trató de una manifestación pacífica, sino de una agresión directa a los miembros de la Fuerza Pública, y quien opta por el camino de lo ilegal se expone a estrellarse contra la firmeza del Estado.

Es absurdo pretender que a quienes golpearon con palos y piedras, amenazaron con machetes, arrastraron y escupieron a los soldados, se les dé un trato privilegiado y la consecuencia de su actuar delictivo sea un simbólico fuetazo, ¡no! Los miembros de la guardia indígena que agredieron a la Fuerza Pública, que están claramente identificados gracias a las imágenes de los medios de comunicación, deben ser judicializados por estos hechos, pero además deben ser investigados ante las denuncias de quienes, como la líder indígena Ana Silvia Secuey, han dicho que tras la insistencia en el retiro del Ejército y la Policía de varios puntos del Cauca habría un acuerdo con la guerrilla de las Farc.

El Estado debe sentar un precedente en el Cauca, pues si no se aplica de manera rigurosa la ley, una señal de debilidad podría incentivar movimientos similares en otras partes del país en las que la guerrilla podría utilizar población nativa para forzar despejes militares.

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