Cali, octubre 31 de 2026. Actualizado: sábado, octubre 31, 2026 10:00

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Resulta difícil comprender porqué el presidente Petro mantiene el cese al fuego con un grupo ilegal que atenta contra los civiles

ELN: ¿De parte de quién está el gobierno?

En los últimos días, Colombia ha sido testigo de una serie de eventos que evidencian la peligrosa permisividad del presidente Gustavo Petro con el ELN.

Mientras el gobierno mantiene las negociaciones de paz con esta guerrilla, la sociedad se pregunta: ¿de parte de quién está la institucionalidad que tolera todos los abusos por parte de este grupo armado ilegal?
Uno de los eventos más recientes que ha sacudido a la nación es el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, quien fue liberado tras más de una semana de angustia.

Este acto atroz no solo ha afectado a la familia del deportista, sino que ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva, recordando que el ELN persiste en crímenes como el secuestro, una práctica infame en la que no debería incurrir un grupo que dice tener voluntad de paz.

A este sombrío episodio se suma el paro armado decretado en el Chocó, donde los habitantes de toda la región del Baudó fueron confinados por 72 horas. Los informes indican que más de 2.900 personas han sido desplazadas, huyendo del terror impuesto por el ELN en esta área.

Este año, las estadísticas de secuestros perpetrados por el ELN son igualmente alarmantes, con al menos 32 personas privadas de su libertad por esta agrupación.

La permisividad del gobierno de Petro plantea interrogantes cruciales sobre sus verdaderas intenciones y lealtades.

¿Representan los negociadores del gobierno a la sociedad colombiana o están más inclinados a favorecer los intereses de
la guerrilla? En cualquier proceso de paz, es imperativo que se establezcan condiciones claras y no negociables.

El gobierno debe recordar que sus representantes en la mesa de negociación no están ahí para complacer a la guerrilla, sino para velar por los intereses y la seguridad de la sociedad colombiana.

La indulgencia excesiva hacia el ELN, especialmente cuando este grupo persiste en cometer crímenes de lesa humanidad, plantea dudas legítimas sobre la integridad y la firmeza del gobierno. La búsqueda de una salida pacífica no puede implicar la complacencia con el crimen.

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