El presidente electo, Gustavo Petro, anunció que promoverá la eliminación de la Procuraduría General de la Nación y la creación de “una gran Fiscalía Anticorrupción”, que sea parte del poder judicial y cumpla el control disciplinario.

La idea suena bien, pues hace mucho tiempo que las procuradurías, las contralorías y las personerías sobran en la gigantesca estructura del Estado colombiano, no porque no se requieran órganos de control, sino porque, como están concebidos, funcionan en la mayoría de los casos como aliados de la clase política a la que se supone deben vigilar con total imparcialidad.

En ese sentido, Colombia necesita unos órganos de control que investiguen y sancionen a todo funcionario que cometa irregularidades sin que importe su filiación política ni el nivel de su cargo, pero la gran pregunta es: ¿cómo lograrlo?

El esquema bajo el que son elegidos el procurador, los contralores y los personeros es perverso, pues al ser los congresistas, los diputados y los concejales quienes escogen, usualmente se hacen acuerdos que dejan empeñados a los elegidos, quienes, además de repartir los cargos de la entidad entre sus nominadores, les cuidan la espalda a ellos y a sus funcionarios, lo que hace que se pierda por completo la independencia y el equilibrio que se requieren para que haya un verdadero control.

Ahí está el principal escollo para transformar las ías o reemplazarlas, pues se requiere una reforma constitucional, y esta, como es obvio, se tramita a través del Congreso de la República, donde están quienes difícilmente estarán dispuestos a renunciar al poder que les da elegir a los jefes de los órganos de control.

Mientras no se cambie ese esquema perverso en el que congresistas, concejales y diputados tienen poder sobre los órganos de control, cualquier reforma a la Procuraduría no será más que un acto de maquillaje.

Foto: Procuraduria.gov.co

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