Las autoridades tienen que garantizar que sea quien sea el ganador, el orden público se conservará una vez se conozcan los resultados de las elecciones presidenciales. En medio de la tensión política, ante el aumento de la polarización y con el antecedente del paro nacional, resulta demasiado preocupante que de lado y lado de los extremos del espectro político se hable desde ya de vías de hecho.

Al igual que ocurrió durante las protestas del año pasado, Cali podría convertirse en el epicentro del caos si no se toman medidas a tiempo para garantizar que la voluntad democrática que se exprese en las urnas sea respetada. Por un lado, miembros de la primera línea hablan de bloquear de nuevo la ciudad si Gustavo Petro no es elegido presidente y, paralelamente, simpatizantes de Federico Gutiérrez hablan de un operativo para evitar que la capital del Valle del Cauca sea sitiada.

Unos y otros están equivocados, los primeros, porque no pueden condicionar el reconocimiento del proceso electoral a que el resultado sea de sus preferencias, es una presión inaceptable, como también es inaceptable que, en caso de presentarse alteraciones del orden público, haya ciudadanos que pretendan suplantar el papel de las autoridades. Ambas posiciones incitan a la violencia y son antidemocráticas.

Para que estos planes no se materialicen, además de enviar mensajes de paz y respeto, la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y el gobierno nacional deben trabajar conjuntamente y poner en marcha un plan de seguridad, pues en gran parte lo ocurrido en la ciudad entre abril y junio del año pasado se debió a la falta de acción de las autoridades, que dejaron que la situación se saliera de control.

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