El asesinato de Claudia Ordóñez, candidata al Concejo de Jamundí, y de su esposo, Jhon Freddy Castillo, y el atentado con explosivos contra la vivienda de los padres de Gustavo Vélez, candidato a la Alcaldía de Tuluá, hechos ocurridos este fin de semana, así como el homicidio de José Eduardo Timaná, candidato al Concejo de Pradera, a comienzos de agosto, además de las tragedias familiares que representan, son claras muestran de cómo los violentos constituyen una amenaza para el proceso democrático.

Cuando no llevan a votar a los ciudadanos con un fusil en la cabeza, los actores ilegales interfieren con amenazas y atentados para sacar del camino a candidatos que les son contrarios.

Lamentablemente, nuestro país tiene una larga historia de violencia política y cada que hay elecciones se registran este tipo de hechos, a los que el país parece haberse acostumbrado, ¿acaso, sin ser conscientes, en Colombia se normalizó la violencia política?

Según la Misión de Observación Electoral, MOE, entre octubre de 2022, cuando inició el año electoral, y agosto de 2023 se han registrado 237 casos de violencia contra liderazgos políticos, incluyendo amenazas y asesinatos, un aumento del 75% frente a la campaña territorial de 2019.

Como lo muestran los casos expuestos en el primer párrafo de este texto, el Valle del Cauca es, junto a Cauca, Antioquia, Magdalena, Nariño y Cesar, uno de los territorios más afectados por este flagelo.

El presidente Gustavo Petro debe tomar medidas para proteger a los candidatos y evitar cualquier interferencia de actores violentos en el proceso democrático. Garantizar la integridad de las elecciones es esencial para preservar la legitimidad del sistema democrático. Unas elecciones libres y sin violencia son indispensables para que haya una verdadera paz.

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