La reciente elección de un magistrado de la Corte Constitucional dejó en evidencia un espectáculo político que contradice la esencia misma de esta institución.

El Senado eligió a Carlos Camargo Assis como nuevo togado, en medio de un proceso en el que el presidente Gustavo Petro y los partidos de oposición terminaron convirtiendo la elección en una disputa de bandos, descalificando las opciones contrarias y reduciendo el debate al interés inmediato de cada sector.

Ese no es el papel de la Corte ni debe ser el destino de quienes la integran. La Corte Constitucional fue creada para ser garante de la Carta de 1991 y de los derechos fundamentales de los colombianos, por lo tanto, no puede estar al servicio del presidente de turno ni de sus opositores.

Los magistrados que llegan a este tribunal deben entender que su misión no es defender proyectos políticos, sino salvaguardar la Constitución.

Este episodio debe servir de reflexión. Como ciudadanos, es normal que los magistrados tengan ideologías o preferencias políticas, pero al vestir la toga deben dejar esas inclinaciones de lado.

La grandeza de su labor está en garantizar que ninguna norma ni decisión del Estado pase por encima de la Constitución y de los derechos ciudadanos.

No es para estar a favor o en contra del gobierno. Es para garantizar, por encima de todo, que los derechos de los colombianos se respeten siempre.

Politizar la Corte debilita su legitimidad y erosiona la confianza ciudadana en una institución clave para el equilibrio democrático.

Ojalá un espectáculo como este no se repita, pues lo que está en juego es la independencia de un tribunal que debe mantenerse como guardián imparcial de la Constitución.

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