El inédito fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se le ordenó al Gobierno Nacional garantizar la protesta pacífica, deja una gran preocupación por la visión errada que algunos tienen sobre el ejercicio de este derecho constitucional. Decir o sugerir que en este país no se respeta la libertad que tienen los ciudadanos para manifestar abiertamente sus inconformidades es falso e irresponsable, como también es irresponsable pretender que la Fuerza Pública no intervenga en aquellas marchas y concentraciones que deriven en alteraciones del orden público.

Para decirlo claramente, la Policía y el Esmad intervienen en las manifestaciones únicamente cuando hay violencia, es decir, cuando dejan de ser protestas pacíficas.

Lo preocupante del fallo del alto tribunal es que parece más cercano a las tesis de quienes pretenden validar el vandalismo y la violencia como mecanismos de protesta que con la protección de aquellos ciudadanos cuyos derechos se ven vulnerados cuando un puñado de desadaptados la emprende con piedras, palos y explosivos contra el transporte masivo y bienes públicos y privados.

¿Qué es lo correcto, entonces, permitir que los vándalos destruyan y saqueen a su antojo, sin importar los daños que causen a la integridad y bienes de otros ciudadanos?

Hay que diferenciar los abusos cometidos por algunos uniformados, que son innegables y que deben ser sancionados de manera ejemplar, de la intervención legítima que debe hacer la Fuerza Pública cuando hay desmanes. No se puede olvidar que en muchos casos la violencia de las protestas obedece a acciones premeditadas de fuerzas ilegales que buscan desestabilizar el país.

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