El secuestro es una lacra que ha dejado cicatrices imborrables en el tejido social de Colombia.

Las historias de dolor y sufrimiento de cientos de familias colombianas han sido ignoradas durante demasiado tiempo, y solo cuando el flagelo afecta a una figura pública, como el padre del futbolista Luis Díaz, se le presta atención a esta grave problemática.

Sin embargo, este caso es solo la punta del iceberg de un mal que se ha agravado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Las cifras son alarmantes. El secuestro pasó de 141 víctimas durante el mismo periodo del año pasado a 241 víctimas en el mismo periodo de este año, lo que representa un aterrador incremento del 70%. Esto debería preocuparnos a todos y plantear serias dudas sobre la política de seguridad que se está implementando.

El gobierno del presidente Petro ha sido criticado por su actitud de permisividad frente al crimen. Las limitaciones impuestas a las operaciones militares y policiales, en aras de los ceses al fuego con grupos criminales, han generado un caldo de cultivo para que el secuestro florezca.

La protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones pacíficas son fundamentales, pero no pueden ser utilizadas como pretexto para dejar a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad.

Se plantea una pregunta inquietante: ¿Tiene algo que ver la condición de exguerrillero del presidente, que formó parte de una organización secuestradora como el M-19, en su actitud frente a los secuestros? Si bien es importante separar el pasado del presidente de su papel actual, preocupa que su historial puede influir en su percepción de ciertas prácticas.

Ojalá el mandatario actúe contra el secuestro y borre con acciones claras las dudas en esta materia.

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