La decisión del Gobierno Nacional de reiniciar las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato no es fácil, pero es comprensible. Después del aumento inusitado de las plantaciones ilícitas durante las negociaciones con las Farc, tiempo que fue aprovechado por los grupos armados al margen de la ley para sembrar vastas zonas del país con matas de coca, el proceso de erradicación de estas plantaciones ha sido demasiado complejo, primero, por la prohibición de las aspersiones aéreas y, segundo, porque el repliegue de las Fuerzas Armadas de las zonas guerrilleras durante los diálogos de La Habana, permitió la consolidación de las estructuras criminales en esos territorios. Entre los años 2010 y 2018, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, Colombia pasó de 73 mil hectáreas de coca a 208 mil.

Al cruzar el mapa de las masacres ocurridas en las últimas dos semanas con el mapa de los cultivos ilícitos, se encuentra que, con excepción del caso del barrio Llano Verde, en Cali, los otros hechos ocurrieron en zonas que concentran grandes plantaciones de coca y presencia de grupos armados al margen de la ley que las cuidan y/o se las disputan.

En ese sentido, tiene lógica la decisión de retomar las fumigaciones aéreas, pues la reducción de los cultivos ilícitos representa un duro golpe para estas estructuras criminales. Sin embargo, las aspersiones no pueden ser la única estrategia, pues mientras las Fuerza Pública no haga presencia en estos sectores y mientras el Estado no les ofrezca otras alternativas de subsistencia a los campesinos de las zonas cocaleras, más temprano que tarde volverán a estar inundadas de cultivos ilícitos.

Comments