El tema de los ataques con ácido es alarmante, no sólo por la tragedia a la que se enfrentan las víctimas, sino por lo que refleja de la sociedad colombiana. Sólo en la última semana se han registrado cuatro casos, algo más que preocupante, pues indica una tendencia creciente en el uso de sustancias corrosivas, pese al aumento de penas para quienes incurran en este tipo de agresiones, cometidas en la gran mayoría de los casos contra mujeres, por móviles pasionales.

De cada 30 casos de quemaduras con ácido, en 24 las víctimas son mujeres. Y según el Ministerio del Interior en los últimos diez años las autoridades han registrado 932 ataques con este tipo de sustancias en el país.

El año pasado, con la aprobación y sanción de la Ley 1639, el Congreso de la República, con el respaldo del Gobierno Nacional, aumentó de 8 a 16 años las penas para los autores de ataques con ácido, pero como lo prueban los casos de los últimos días, esto no detuvo las agresiones. ¿Por qué?

Más allá de las injustificables e inadmisibles motivaciones de los delincuentes, de fondo hay una sociedad enferma; este fenómeno es reflejo de la degradación de una agresividad histórica, producto de una descomposición social que ha aumentado el menosprecio por la vida.

En el afán de frenar el avance de esta crueldad, las autoridades anunciaron la restricción a la venta de las sustancias corrosivas utilizadas en los ataques, pero en un país donde todo se consigue en el mercado clandestino, la esperanza de que la medida dé los resultados esperados es poca. Entonces, ¿qué hacer?

Si bien los autores de estas agresiones deben ser castigados con todo el peso de la ley, este es un fenómeno que hay que combatir desde lo humano, además de lo legal, a partir de una reflexión sobre el valor de la vida.

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