Es legítimo que el gobierno del presidente Gustavo Petro contrate medios alternativos y comunitarios para difundir sus noticias y gestiones.

Es sano que en una democracia existan espacios para que se amplifiquen voces diversas y se garantice la pluralidad informativa.

Sin embargo, resulta cuestionable la contratación por parte del gobierno nacional de “bodegueros”, cuyo trabajo no es informar o generar debate, sino insultar, acosar y desinformar a través de las redes sociales.

La decisión del gobierno de contratar a personalidades de redes sociales, reconocidas por su agresividad y falta de ética en el trato a la oposición y la prensa, es motivo de preocupación, pús resulta inconcebible que el presupuesto público se utilice para financiar a individuos cuya “habilidad” principal es estigmatizar a quienes piensan diferente o critican las decisiones del Ejecutivo.

El presidente Petro tiene todo el derecho de controvertir a la prensa y a la oposición, pero debe hacerlo con altura, acudiendo a los recursos que le otorga la ley, como el derecho a la réplica o, si lo considera necesario, a acciones legales.

Lo que no puede hacer es alimentar un clima de odio y polarización al financiar a quienes difunden insultos y mentiras en redes sociales, pues deja la sensación de un gobierno que busca silenciar la crítica a cualquier costo.

Es particularmente preocupante que el presidente, quien durante años estuvo en la oposición denunciando actos de corrupción y abuso de poder, ahora vea las denuncias contra su gobierno como ataques injustificados; una narrativa conspirativa que solo busca deslegitimar a quienes ejercen el periodismo con independencia y rigor.

El gobierno debe garantizar el respeto a la crítica y no permitir que los fondos públicos se utilicen para contratar a quienes fomentan el odio y la desinformación en lugar del diálogo democrático.

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