El Palacio de Justicia de Cali es un ejemplo sin precedentes en la historia de Cali de la desidia del Estado colombiano.

Hace ya cuatro años y cinco meses que las Farc explotaron un carro bomba en un costado del edificio, sin que haya sido posible que hasta el momento sea puesto nuevamente en funcionamiento.

Algo que debía haberse solucionado en máximo un semestre se convirtió en un cuento de plazos incumplidos y de suplicios para los empleados de la rama judicial, pero, sobre todo, para los ciudadanos que se han visto afectados por las dificultades operativas de los juzgados, que todo este tiempo estuvieron regados y hacinados en oficinas alquiladas en al menos trece edificios.

Después de muchos aplazamientos, se había anunciado que el Palacio de Justicia sería puesto en funcionamiento el 27 de enero pasado, pero esa fecha tampoco se cumplió por fallas en un ascensor y en el software con el que trabajan los despachos judiciales.

Cali lleva un mes y medio sin despachos, pues desde que terminó la vacancia judicial inició el traslado de los juzgados al edificio, pero por los problemas mencionados no ha sido puesto en funcionamiento.

El Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura le deben una explicación a Cali, ¿por qué la falta de planeación? ¿Por qué tanta desidia? También, aunque se trate de recursos nacionales, la administración municipal tiene responsabilidad, pues ha pecado por omisión al adoptar una actitud pasiva frente al desentendimiento del Estado central.

En una ciudad con niveles delincuenciales como los que tiene la capital del Valle, las precarias condiciones en las que ha operado la justicia durante estos cuatro años y cinco meses se constituyen en un factor que agranda el problema.

¿Quién les responde a los ciudadanos que están a la espera de una decisión judicial para hacer valer sus derechos?

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