En nuestro anterior editorial sostuvimos que las ciudades colombianas están tomadas por el hampa, lo que demanda que los candidatos a gobernarlas presenten propuestas serias, concretas y realizables para devolverles la tranquilidad a los ciudadanos.

En el contexto actual, donde el gobierno nacional tiene frenada a la fuerza pública y, por el contrario, pregona un discurso que justifica a los criminales y les ofrece beneficios, se hace más necesario aún que los mandatarios locales prioricen la seguridad.

Cali, obviamente, es una de esas ciudades que necesitan gobernantes comprometidos con la lucha contra el crimen y la defensa de los ciudadanos.

La principal responsabilidad de un gobierno local es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y restaurar la confianza en las autoridades. Salir a la ciudad, recorrer sus calles, no puede seguir siendo una aventura peligrosa; los caleños salen con temor y no es un asunto de percepción, los registros de atracos y todo tipo de robos, así como los linchamientos a los que son sometidos los presuntos delincuentes, abundan en las redes sociales.

En unos sectores de la ciudad las personas temen salir a la calle y quedar atrapadas en medio del fuego de las pandillas y bandas que se disputan el control territorial del negocio del microtráfico, en otros hay temor a que les quiten sus pertenencias y a perder la vida en un forcejeo con los ladrones, y en otros hay miedo a que les roben su vehículo.

La intranquilidad no tiene estrato social en Cali, el miedo ante el acoso de la delincuencia, al final de cuentas, es el mismo.

Eso, precisamente, es lo que necesitan los caleños, un alcalde que les devuelva la tranquilidad, alguien que tome las medidas necesarias para que la gente viva y disfrute la ciudad, y el primer paso para ello es elegir un mandatario comprometido con la seguridad.

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