En el caso de los menores de edad que murieron en un bombardeo de las Fuerzas Militares en el Caquetá resulta irrefutable que el Gobierno Nacional se equivocó al ocultar información. Tan pronto se conoció que entre las bajas de este operativo había ocho personas entre los 12 y los 17 años de edad, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, debió denunciarlo ante la opinión pública y ante la comunidad internacional, como prueba de que el reclutamiento de niñas y niños no terminó con el acuerdo firmado con las Farc.

Sin embargo, que el Gobierno Nacional se haya equivocado, no puede llevar a la opinión pública a mirar únicamente en la dirección que la oposición quiere que el país vea. La presencia de menores de edad en el campamento bombardeado prueba que las disidencias de las Farc continuaron con la práctica abominable de vincular niñas y niños a la guerra, un delito promovido por la antigua guerrilla que vulnera la totalidad de los derechos de infantes y adolescentes.

Lamentablemente, el reclutamiento de menores fue uno de los temas no resueltos en el proceso de paz de La Habana, en el que, al igual que ocurrió con el narcotráfico, los negociadores del Gobierno y las Farc pasaron de largo.

En la defensa de los niños y adolescentes no puede haber sesgos ideológicos; así como se le reclama al Gobierno por su manejo errático del bombardeo en cuestión, hay que condenar también el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales.

El manejo que se le está dando a este tema puede terminar fomentando esta práctica, pues las disidencias de las Farc y demás grupos criminales pueden aprovechar la situación para reclutar menores y utilizarlos como escudos que eviten los operativos militares.

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