Entre el 10 y el 12 de abril de 2001 los paramitares asesinaron a veinte personas, entre campesinos e indígenas, en la región de El Naya. Ahora, 19 años después, la comunidad de esta apartada zona rural de Buenaventura lanzó un mensaje de alerta ante información que indica que nuevamente podría ocurrir un hecho similar. Este llamado de auxilio fue lanzado justo cuando el país acaba de vivir una seguidilla de masacres, cometidas, excepto el caso de los cinco jóvenes del barrio Llano Verde, en Cali, en zonas que son estratégicas para el narcotráfico, ya sea porque son territorios de cultivos de coca o pasos estratégicos en las rutas de este negocio ilícito.

A raiz del llamado de los habitantes de El Naya, las autoridades realizaron un consejo de seguridad en Buenaventura y anunciaron medidas para evitar una masacre. Sería imperdonable que, tras las denuncias de la comunidad, no se hiciera lo necesario para evitar que se repitiera un hecho como el de hace 19 años.

El caso de los angustiados habitantes de El Naya es una muestra de los dramas que afrontan cientos de comunidades rurales en Colombia, atrapadas en territorios olvidados por el Estado y que son objeto de disputa por parte de organizaciones criminaes que buscan controlar el narcotráfico y la minería ilegal. En esos parajes cualquier posición, sea de cooperación, de neutralidad o de oposición, pone a las personas en riesgo, y la única forma de protegerlas es con una presencia real de las autoridades, no solo a través de la Fuerza Pública, sino con programas de inversión social que les planteen medios de subsistencia diferentes a las economías ilegales. El país no puede acordarse de estas comunidades únicamente cuando hay masacres.

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