Mientras no haya un transporte público eficiente, acabar con el transporte ilegal será imposible.

Durante el año pasado en Cali fueron inmovilizados 2.121 vehículos por prestar el servicio de transporte de manera ilegal; en lo transcurrido de este año los automotores inmovilizados por ser utilizados para la piratería son 1.532; en solo tres meses y medio se ha producido el 72% de las sanciones que antes se dieron en doce meses.

Si bien lo anterior puede verse como un mayor control por parte de la autoridad de tránsito, de fondo lo que demuestra es el vertiginoso crecimiento del transporte pirata en la ciudad.

Si bien los operativos son importantes, no son suficientes para evitar que continúe la propagación de la piratería, pues mientras el servicio de transporte público siga siendo deficiente, los caleños seguirán buscando alternativas.

La demanda del transporte ilegal depende directamente de la calidad del servicio que preste el legal, mientras el MIO no funcione con la cobertura, la capacidad y la frecuencia necesarias, habrá caleños dispuestos a utilizar carros y motos piratas.

Por lo tanto, si no se mejora el servicio del MIO, las sanciones que impoga la Secretaría de Tránsito a los piratas serán un desgaste que no acabará con esta modalidad de transporte.

En este caso se están sancionando las conductas y los comportamientos generados por un problema que no se soluciona. Los caleños que usan el transporte pirata pagan más, hasta $2.500 por pasaje, cuando el MIO cuesta $1.800, y los que usan moto taxis se exponen a accidentes sin ningún tipo de aseguramiento; si el MIO funcionara bien, seguramente lo preferirían, el transporte ilegal se quedaría sin mercado y los guardas de tránsito podrían dedicarse a regular el tráfico en la ciudad en vez de esta “cazando” piratas.

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