El reciente atentado en el sector rural Las Piñas, en Jamundí, es un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad que enfrentan tanto la población civil como las autoridades en esta región.

Si bien los esfuerzos de la Policía y el Ejército lograron contener el daño y evitar una tragedia mayor, la situación sigue siendo crítica.

Pero este no es un asunto exclusivo de Jamundí, no es solo un problema local ni regional: la violencia que azota a Jamundí tiene raíces profundas en la falta de claridad y eficacia de las políticas nacionales de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro.

No se puede negar que la alcaldesa Paola Castillo y la gobernadora Dilian Francisca Toro han hecho un gran esfuerzo por proteger a sus comunidades.

Sin embargo, la magnitud del problema excede las capacidades de las autoridades locales.

Es imperativo que el gobierno nacional tome un rol activo y asuma compromisos concretos con Jamundí, una población constantemente azotada por grupos armados como la estructura Jaime Martínez.

El problema no se resuelve con acuerdos mal planteados ni ceses al fuego que benefician sólo a los criminales.

Mientras las condiciones de estas negociaciones sigan siendo desfavorables para la fuerza pública y la ciudadanía, el terrorismo y el narcotráfico seguirán ganando terreno.

La expansión de cultivos de coca y el fortalecimiento de carteles de la droga son reflejo de un contexto permisivo y débil, donde el Estado parece estar cediendo ante los ilegales en lugar de enfrentarlos con decisión y estrategia.

Jamundí necesita algo más que operativos temporales o reacciones puntuales.

Necesita un Estado presente, firme y decidido a proteger a sus ciudadanos, por eso resulta incomprensible que el presidente Petro aún no haya visitado la región ni definido estrategias contundentes para debilitar a las estructuras criminales que tienen a este municipio en constante zozobra.

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