El pasado fin de semana, cientos de familias de la zona rural de Samaniego, Nariño, llegaron al casco urbano de este municipio, huyendo de las amenazas de grupos armados ilegales. Lo mismo ocurrió hace un par de días en López de Micay, Cauca, donde los combates entre grupos criminales provocaron que cerca de 200 familias rurales huyeran hacia la cabecera.

Tanto en Samaniego como en López de Micay, poblaciones apartadas, las administraciones locales no tienen ni la infraestructura ni los recursos para atender a los desplazados. Desde un pueblo y desde el otro imploran al gobierno nacional por ayudas para atender a las víctimas de la violencia. Sin embargo, las ayudas no llegan, así como tampoco hay ningún despliegue real por parte de las fuerzas del Estado para retomar el control, garantizar la seguridad y permitir que las familias desplazadas regresen a sus hogares.

El gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en un estado de negación, pues mientras la violencia crece, el mandatario y su equipo aseguran que el país avanza hacia la “paz total”. En ese sentido, si el gobierno no reconoce la violencia, es posible que tampoco reconozca a las víctimas, y eso es más grave aún, pues expone a los desplazados a la revictimización.

Lo que está ocurriendo en las poblaciones acosadas por los grupos ilegales muestra el peligro y la irresponsabilidad de la inacción del gobierno nacional frente a los grupos criminales, pues al no permitir que la Policía y el Ejército actúen, se deja expuestos a los civiles.

El presidente Petro debe revisar y corregir su política de seguridad, pues su búsqueda de una salida negociada no puede implicar, bajo ninguna circunstancia, la renuncia a la defensa de la vida y los bienes de la población civil, que es una obligación del Estado.

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