El narcotráfico sigue siendo el combustible de la violencia en Colombia. Desde el Catatumbo hasta el Putumayo, desde el Chocó hasta Tumaco y, claro, en las grandes ciudades como Cali, la mayoría de las muertes violentas están relacionadas con el negocio de las drogas.

Ya sea una disputa por los cultivos, por los laboratorios, por las rutas de “exportación” o por las esquinas de expendio, el narcotráfico está detrás.

En ese sentido, es necesario redoblar los esfuerzos para reducir los cultivos ilícitos, que son el primer eslabón de esta cadena de ilegalidad y muerte, pues la abundancia de plantaciones ilegales estimula el crecimiento del negocio y de las disputas ya mencionadas.

Por lo anterior, el regreso de las fumigaciones aéreas es necesario, ya que tanto la sustitución voluntaria como la erradicación manual de las plantaciones ilícitas resultan insuficientes, pues los actores ilegales sabotean ambos métodos, amenazando a los campesinos para que no acepten dedicarse a otros cultivos y llenando de minas antipersona las zonas sembradas de coca para impedir el acceso de los erradicadores.

Por eso, la erradicación no puede estar basada en métodos que las organizaciones criminales están en capacidad de sabotear, mientras que las aspersiones aéreas sí pueden reducir rápidamente estas plantaciones. En el año 2010, antes de que las fumigaciones con glifosato fueran prohibidas en el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia tenía 62 mil hectáreas de cultivos ilícitos, hoy son casi 200 mil.

Ante las observaciones ambientales y sanitarias, estas aspersiones deben hacerse de manera focalizada y a baja altura, pero no hay otro camino para debilitar a la guerrilla y demás grupos criminales que acabar con su negocio de raíz.

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