Aunque se haya hundido por errores de forma y no de fondo, la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el fuero penal militar es una mala noticia para el país, sobre todo en la coyuntura que se vive con el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con las Farc.

Colombia es un país en conflicto sin una legislación acorde para ello, por esta razón los militares que deben combatir a los grupos armados ilegales se enfrentan a una inseguridad jurídica que los expone a ir a prisión por el cumplimiento de su deber.

Actualmente hay 15 mil militares vinculados a procesos judiciales por haber dado de baja en combate a supuestos integrantes de agrupaciones al margen de la ley. Lo que se busca con el fuero penal militar no es que estos hechos no se investiguen ni evitar que se castiguen las faltas y delitos en los que incurran los militares, sino que sean conocidos y resueltos por una justicia especializada en lo castrense, que tome en cuenta el contexto, que no equipare una baja en defensa de la soberanía y la institucionalidad nacional con un homicidio.

Es claro que los excesos de los miembros de la Fuerza Pública hay que castigarlos con severidad, por eso los crímenes de lesa humanidad, como genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado cometidos por militares o policías, que desde luego, no tienen relación con el servicio, deben ser atendidos por la justicia ordinaria sin ninguna consideración por el uniforme, pero aquellos hechos relacionados con el servicio, sí deben ser competencia de la justicia penal militar.

Cómo entender que cuando está abierta la puerta para que los cabecillas guerrilleros autores de los crímenes más atroces no paguen ni un día de cárcel, los militares y policías que los combatieron sean tratados como delincuentes sin que se les permita defenderse desde la lógica militar.

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