La solución no es frenar el desarrollo, sino ajustar la infraestructura al crecimiento urbano.

La decisión de un juzgado que suspendió provisionalmente la entrega de nuevas licencias de construcción en Jamundí plantea un debate que debe darse ya, antes de que vengan más decisiones judiciales que frenen el desarrollo urbano en éste u otros municipios del Valle del Cauca.

La decisión fue tomada ante una acción popular en la que se argumenta falta de mayor infraestructura de acueducto y alcantarillado para que se puedan desarrollar las unidades habitacionales proyectadas en Jamundí.

Según Camacol, esta decisión afectará una inversión cercana a los $655.000 millones,  pues en Jamundí hay 2.040 viviendas en preventa y otras 4.898 proyectadas. El cálculo también indica que se afectarían cerca de 20.000 empleos directos y 25.000 indirectos.

Sin duda, suspender la entrega de licencias para la construcción de vivienda en Jamundí es un duro golpe para la economía, que afecta no solo a los constructores y los trabajadores del sector, sino a miles de familias que esperan la ejecución de estos proyectos para tener vivienda propia.

Se trata de un tema complejo. La decisión de fondo no debe ser el freno de los proyectos habitacionales, que no soluciona nada y, por el contrario, crea nuevos problemas, lo que se requiere en este caso es que en Jamundí, que es el municipio con mayor crecimiento del Valle del Cauca, por su condición de ciudad dormitorio de Cali, se acometan las obras de infraestructura necesarias para que su desarrollo urbano no se detenga.

En ese sentido, lo que se requiere es un fallo que ordene a la entidad pública que corresponda la ejecución al menor término posible de las obras que garanticen que las áreas a urbanizar en Jamundí cuenten con los servicios públicos básicos.

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