El reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia representa una de las más graves violaciones a los derechos humanos, dejando secuelas profundas en las víctimas y sus comunidades.

Los niños y adolescentes son arrancados de sus entornos familiares y educativos, expuestos a violencia extrema, abuso y explotación.

Este daño no solo trunca su desarrollo, sino que perpetúa ciclos de violencia, pobreza y exclusión.

Por su parte, las comunidades pierden a sus jóvenes, ven debilitadas sus estructuras sociales y enfrentan un clima de miedo que dificulta su cohesión y progreso.

En el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, las disidencias de las Farc reclutaron a más de 15 menores de edad en los últimos días, muchos de ellos estudiantes de la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata.

Este plantel fue previamente minado y convertido en un “centro de operaciones delictivas”, como denunció la Procuraduría General. Según la Defensoría del Pueblo, el departamento del Cauca reportó hasta agosto de este año 190 casos de reclutamiento forzado de menores, cifra que alarman por su magnitud y persistencia.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, con medidas como los ceses al fuego “bilaterales” ha permitido que los grupos armados ilegales fortalezcan su control territorial y expandan sus actividades ilícitas en regiones como el Cauca.

Surgen muchas preguntas: ¿en qué quedó la operación Perseo, anunciada para retomar el control de El Plateado? ¿La visita de ministros y altos funcionarios fue solo un espectáculo? El gobierno debe priorizar la protección de los más vulnerables, recuperando el control territorial y desmantelando las estructuras criminales que amenazan con perpetuar este flagelo.

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