Cuando el fiscal se convierte en un subordinado del presidente de turno, todo está perdido.

El sabor político que se percibe en muchas de las decisiones que tomó Eduardo Montealgere como fiscal general de la Nación deja muchas reservas sobre su gestión al frente del ente acusador y supone un gran reto ahora que inicia el proceso para elegir a su sucesor.

Por eso es importante que el país debata sobre el perfil que debe tener el nuevo fiscal general de la Nación a ver si a través de la presión de la opinión pública se logra que a este cargo llegue alguien que pueda garantizar independencia del Gobierno e imparcialidad a la hora de tomar decisiones.

Aunque suene utópico e idealista, es indispensable que quien llegue a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación no tenga sesgo político, pues si se trata de alguien que antepone sus intereses partidistas o ideológicos a misión de la entidad, solo contribuirá a aumentar el descrédito de la justicia colombiana y la inseguridad jurídica.

La historia muestra que el fiscal general de la Nación, al ser elegido de una terna presentada por el presidente de turno, puede convertirse fácilmente en un subordinado de la Casa de Nariño que se dedica a perseguir a los opositores del Gobierno.

Si bien este perverso esquema no lo inventó el presidente Juan Manuel Santos, sí está en sus manos hacer que esta vez la elección del fiscal general de la Nación no sea una decisión política, sino que se escoja al mejor.

¿Será mucho pedir que el nuevo fiscal sea un abogado de trayectoria limpia, con nutrida formación académica, con vasta experiencia y sin pasiones ideológicas? Si la convocatoria pública para conformar la terna no es una puesta en escena y con honestidad se escoge a los mejores sin que medien acuerdos, compromisos ni recomendaciones, podría ser posible.

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