La decisión de no extraditar a un guerrillero pedido por narcotráfico hace temer un acuerdo enmarcado en la impunidad..

La decisión del Gobierno Nacional de no extraditar a Juan Vicente Carvajal Isidro, alias “Misael”, un guerrillero de las Farc pedido en extradición por Estados Unidos, calificada como una “señal positiva” por el grupo armado ilegal, es una señal negativa tanto para el país como para la comunidad internacional.

En el texto en el que explica su decisión, el Gobierno aduce el proceso de paz con las Farc como principal argumento para desistir de esta extradición.

Lo paradógico es que los delitos por los que “Misael” es requerido por la justicia norteamericana no son políticos, este guerrillero fue pedido en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusado de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

En pocas palabras, el Gobierno de Colombia tomó la decisión de no extraditar a un narcotraficante.

El mensaje es muy grave, primero, porque se están desconociendo los acuerdos internacionales de cooperación contra el narcotráfico y, segundo, porque se le está dando un trato judicial preferencial a los guerrilleros de las Farc sin que el país conozca los detalles del acuerdo de justicia transicional al que llegaron el Gobierno y la guerrilla  y sin que se haya firmado el acuerdo de paz definitivo.

Si bien esta decisión, al igual que el indulto otorgado por el presidente Juan Manuel Santos a 30 guerrilleros presos, busca afianzar el proceso de paz, despierta desconfianza en el grueso de los colombianos, que temen que los acuerdos que no se conocen en materia de justicia sean simplemente un marco concertado para legalizar la impunidad de los crímenes cometidos por las Farc.

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