“Necesitamos sí o sí que nuestras Fuerzas Militares y de Policía den respuestas y resultados concretos, tenemos que mejorar la situación de seguridad”.

Esta frase, que parece de un crítico del gobierno nacional, sorprendentemente fue dicha por la vicepresidenta Francia Márquez hace pocos días durante una visita al Cauca, departamento sumido en una ola de violencia similar a las que se vivían hace tres décadas, por cuenta de acciones de los grupos ilegales, especialmente del ELN y las disidencias de las Farc.

Las reacciones por el reclamo a la fuerza pública, como es apenas obvio, no se hicieron esperar, pues parece que la vicepresidenta no tiene claro el porqué del repliegue militar en su departamento.

Han sido decisiones del presidente Gustavo Petro las que han llevado a la fuerza pública a una compleja situación en la que los grupos al margen de la ley tienen ventaja.

De manera ingenua e irresponsable, la política de seguridad del actual gobierno ha estimulado el incremento de la violencia, pues ha facilitado el accionar del crimen.

La “paz total” ha dado lugar a ceses supuestamente “bilaterales” que sólo son respetados por la fuerza pública; mientras Ejército y Policía no pueden actuar a la ofensiva, los ilegales aprovechan para expandir sus dominios.

Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y el mismo Valle del Cauca son territorios en los que se libran intensas disputas entre guerrilla, disidencias y bandas criminales por el control territorial, con la población civil en medio del fuego cruzado.

En ese sentido, a la vicepresidenta hay que aclararle varios puntos: primero, que los responsables de los atentados terroristas son quienes los cometen, para ellos debe ser la condena.

Segundo, que es el gobierno del que ella hace parte el que ha limitado a la fuerza pública. Y, tercero, que si a alguien debe hacerle un reclamo por la poca acción contra los ilegales es al presidente Petro.

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