En recientes declaraciones, alias “Gabino”, cabecilla del ELN, aseguró que la negociación que adelanta la organización ilegal con el gobierno del presidente Gustavo Petro no contempla la entrega de armas. Ante esto, surgen muchas inquietudes, pues, claramente, un proceso de paz, tal y como ocurrió con el M-19 y recientemente con las Farc, busca desmovilizar a un actor armado y esto implica la dejación de las armas.

Preocupa el silencio del gobierno nacional frente a las declaraciones del jefe guerrillero. Tanto el presidente de la República como el alto comisionado para la paz le deben una explicación al país. Los colombianos tienen derecho a saber qué se está negociando con el ELN y cuáles son los compromisos asumidos y las condiciones aceptadas por el gobierno nacional.

El país no puede aceptar un acuerdo que busque convertir al ELN en un grupo armado legal ni incorporarlo a las fuerzas militares. Colombia ha hecho un gran esfuerzo para profesionalizar y depurar sus fuerzas armadas como para que ahora, por simpatías ideológicas, el gobierno de turno les vaya a dar estatus de autoridad militar a violadores de los derechos humanos que han extorsionado, secuestrado, masacrado y asesinado por años. Ojalá no haya un compromiso soterrado entre las partes en ese sentido.

Las palabras de “Gabino” son dañinas y generan demasiada desconfianza en torno al proceso de paz con el ELN, pues alimentan la hipótesis de quienes consideran que el presidente Petro estaría en proceso de promover la conformación de milicias afines a su gobierno, algo que, de ser cierto, amenazaría la seguridad y la democracia nacional. Ojalá no sea así.

Si bien es claro que en un proceso de paz hay que ceder, hay puntos innegociables y uno de ellos es que el Estado no puede darle estatus militar ni de policía a una organización ilegal.

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